Violencia de Genero

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece que se considera violencia de género:

1. VIOLENCIA FÍSICA, que incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o riesgo de producir lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.

2. VIOLENCIA PSICOLÓGICA, que incluye toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad, ejercida por quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.

3. VIOLENCIA ECONÓMICA, que incluye la privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijos o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la pareja.

4. VIOLENCIA SEXUAL Y ABUSOS SEXUALES, que incluyen cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el (presunto) agresor o no consentida por la mujer, abarcando la imposición, mediante la fuerza o con intimidación, de relaciones sexuales no consentidas. También incluye el abuso sexual, con independencia de que el (presunto) agresor guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la víctima.

En Matarredona Abogados somos conscientes del mal uso que, en muchas ocasiones, se ha venido haciendo de esta Ley al interponerse denuncias de dudosa credibilidad a fin de llevar cierta ventaja a los ex maridos o ex parejas en los procedimientos civiles. Entendemos que las medidas cautelares que supone una orden de protección para un padre son bastante gravosas: debe abandonar el domicilio conyugal inmediatamente, recoger a los hijos en un punto de encuentro, así como mantener una prohibición de comunicación y aproximación respecto a la denunciante. Si dicha prohibición se quebranta con, por ejemplo, una llamada telefónica, puede suponer un quebrantamiento de condena con penas de prisión de 6 meses a un año, artículo 468.2 CP.

Nos parecen medidas bastantes gravosas como para tomarlas a la ligera, por eso solo iniciaremos dichos procedimientos cuando la perjudicada demuestre indicios de estar siendo una víctima real de violencia de género. Lo contrario supone un auténtico perjuicio para las mujeres que de verdad sufren lamentablemente dicha violencia.

Llegados a este punto, las acciones que llevamos a cabo son todas aquellas tendentes a asesorar a la víctima ante la comisión de estos actos de violencia e iniciar, si es preciso, el correspondiente procedimiento judicial.

También asistimos a cualquier imputado por la comisión de un delito de violencia sobre la mujer.